En el día de hoy la Comisión Europea ha hecho pública su posición sobre el proyecto de Constitución Europea. En su opinión, la Conferencia Intergubernamental (CIG) que empieza el 4 de octubre no debe volver a debatir el compromiso alcanzado en la Convención. La CIG debe mejorar y aclarar un número limitado de temas y finalizar el trabajo pendiente. Debería evitar una definición rígida de las disposiciones políticas de la Constitución. Asimismo, para que la Comisión Europea sea eficaz y creíble debe contar con un miembro de pleno derecho de cada país. Una Comisión grande requerirá la consiguiente simplificación de su organización interna.
La Comisión acoge con satisfacción el texto de proyecto constitucional como excelente base de trabajo para la CIG. El Presidente Romano Prodi afirmó: "La Convención ha avanzado considerablemente por el camino de la Constitución. Ahora, la Conferencia Intergubernamental tiene la responsabilidad política de llevar a cabo algunas mejoras del texto de la Convención para que Europa pueda funcionar de manera eficaz y democrática".
Mayor flexibilidad a la hora de revisar las disposiciones políticas de la Constitución
La legitimidad de la Unión Europea ante sus ciudadanos depende de la eficacia de sus políticas. La Parte III del proyecto de Constitución contiene los objetivos e instrumentos de las políticas de la Unión. Muchos artículos datan del Tratado de Roma de 1957; otros se han alargado y complicado a raíz de las sucesivas enmiendas.
Según el sistema propuesto, la revisión de cualquiera de los 465 artículos y de los protocolos de la Constitución requeriría el acuerdo unánime de todos los Gobiernos y su ratificación subsiguiente en todos los Estados miembros. Por otra parte, es muy probable que la CIG no tenga tiempo de actualizar y simplificar la Parte III. Si las disposiciones políticas se definen de forma rígida, la capacidad de la UE para elaborar otras políticas mejores y para reaccionar ante los cambios de situación se verá obstaculizada.
Por consiguiente, el Consejo Europeo debería poder modificar la Parte III de la Constitución por una mayoría de 5/6, previa aprobación del Parlamento Europeo y dictamen favorable de la Comisión. Las enmiendas deberían ser elaboradas por una Convención compuesta por representantes de los Parlamentos y Gobiernos nacionales y de las instituciones de la UE. En cambio, el acuerdo unánime y la subsiguiente ratificación nacional deben seguir aplicándose a las demás partes de la Constitución, incluida la Carta de los derechos fundamentales, el reparto de poderes entre la UE y los Estados miembros, las instituciones y los principios y objetivos fundamentales.
Una de las cuestiones políticas que la CIG debe abordar inmediatamente es al menos la de la gobernanza económica, que es vital para el crecimiento. Las políticas económicas de la eurozona deberían coordinarse más estrechamente.
Soluciones creativas para ampliar el alcance del voto por mayoría
La unanimidad del Consejo aún se aplica a un gran número de decisiones. La Comisión reconoce que no existe consenso para ampliar radicalmente el voto por mayoría. Sin embargo, la CIG debería realizar un análisis pormenorizado, centrado en ciertos artículos. En algunos casos, las dudas que plantea la supresión del veto nacional podrían resolverse mediante una descripción más exacta del alcance de las actividades de la UE. El Comisario António Vitorino señaló: "Un derecho de veto nacional supondrá la parálisis de la Unión ampliada. Las componendas nacionales nunca han conducido a decisiones buenas para Europa. El voto por mayoría es particularmente importante para la próxima ronda de negociaciones presupuestarias".
Instaurar una Comisión eficaz y legítima
La Convención propone una Comisión grande, estructurada en dos niveles: un núcleo interno de quince Comisarios "europeos" con derecho a voto y un círculo externo compuesto por Comisarios de los países restantes. Un sistema con Comisarios "de primera clase" y "de segunda clase" destruiría la naturaleza colegial de la institución. El resultado sería una pérdida de legitimidad y una menor eficacia de la UE en su conjunto.
La CIG debería cambiar esta propuesta sin abrir un debate sobre otros problemas institucionales. La composición de la Comisión debería tratar por igual a todos los Estados miembros mediante la inclusión de un miembro de cada país con los mismos derechos y obligaciones. La toma de decisiones en la Comisión debería atribuirse a grupos de Comisarios responsables de ciertas áreas. El colegio de Comisarios solamente se pronunciaría sobre los problemas de importancia estratégica y política. Este modelo se basa en la actual práctica descentralizada de toma de decisiones de la Comisión.
Sin volver a entrar en el debate institucional, la CIG debería aclarar aquellas partes del proyecto de Constitución cuyas repercusiones para las instituciones no quedan claras. Se debe velar cuidadosamente por que las diferentes presidencias del Consejo y el Presidente del Consejo Europeo no confluyan en un ejecutivo alternativo. Esto daría lugar a una pérdida de recursos, a una rivalidad institucional y a una falta de eficacia.
El Comisario Michel Barnier concluyó: "La Convención ha tenido éxito en lo que la UE había fracasado otras veces. El planteamiento de la Convención constituía una innovación crucial y duradera. Una Conferencia Intergubernamental breve y decisiva debe llevar a cabo las mejoras y aclaraciones pendientes".