A lo largo de los últimos 21 meses, Darfur ha sido escenario de espantosas violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas gubernamentales y milicias aliadas a ellas. En Darfur hay un millón y medio de personas desplazadas: se las ha atacado, a las mujeres las violan, secuestran a otras muchas personas, se mata a sus familiares, se incendian y saquean pueblos. Y siguen sin protección a pesar de su clamor pidiendo ayuda. Se les sigue negando la justicia.
Las víctimas que se atreven a alzar la voz se enfrentan al acoso y la intimidación de las fuerzas de seguridad del gobierno, al tiempo que andan sueltos presuntos perpetradores de ejecuciones extrajudiciales, homicidios, violaciones y ataques a gran escala. Los darfuríes, tanto los desplazados internos como los que aún viven en poblados, los defensores y abogados de los derechos humanos, son víctimas habituales de arbitrarios poderes de detención y reclusión. Estos poderes conferidos a las fuerzas de seguridad, concebidos en principio para proteger al país, se utilizan para torturar impunemente a la población.
El sistema legal necesita una reforma general. Es débil y parcial, e incapaz o carente de la voluntad precisa para hacer rendir cuentas a las fuerzas gubernamentales y sus milicias aliadas por la violación masiva del derecho internacional. Las investigaciones sobre la violación de derechos humanos cometidas en Darfur son, en el mejor de los casos, anómalas, y en el peor, inexistentes. Los juicios injustos son la norma y aún siguen actuando tribunales especiales que administran justicia de forma sumaria, lo que no da pie a confiar en la capacidad de la judicatura para atajar la devastación de Darfur.
Los gobiernos no deben aceptar la interminable rutina de violaciones de derechos humanos en Sudán. Los mediadores en las conversaciones de paz de Sudán y Darfur deben analizar modificaciones en la legislación de emergencia y garantizar que los millones de víctimas de abusos graves acaban obteniendo justicia.