Una nueva herramienta de censura en Internet ha sido aprobada en México

La censura en internet por la vía legal ahora es más fácil en México, con la reforma a la ley del derecho de autor.

El pasado jueves 26 de abril el Senado mexicano aprobó un problemático dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual habilita a las y los jueces para ordenar que se bajen contenidos de Internet que presuntamente violen derechos de autor, sin necesidad de probarlo mediante juicio o sentencia alguna.

Dentro de las medidas que contempla se encuentran la suspensión y remoción de contenidos públicos, e incluso “el aseguramiento cautelar” de los equipos que permiten la difusión de los mismos.

Además, la aprobación de la reforma se realizó de forma apresurada, sin haberse llevado conforme al proceso legislativo.

La noticia circuló ampliamente bajo la etiqueta #MadrugueteAInternet:

Con 63 votos a favor, el @senadomexicano le hizo un #MadrugueteAInternet y aprobó una reforma a la LFDA que permite la censura en línea por derecho de autor. https://t.co/FcWawOV6mD

— R3D (@R3Dmx) 27 avril 2018

Esta reforma a la ley ha sido criticada por organizaciones, colectivos y asociaciones que trabajan en temas relacionados con derechos digitales, internet y tecnologías de la información y comunicación, por considerar que esto abre paso a la censura previa en internet y atenta contra la libertad de expresión en el ámbito digital.

⚠⚠Comunicado⚠⚠@senadomexicano pic.twitter.com/yad5CMagBs

— Asociación de Internet MX (@Asoc_InternetMX) 26 avril 2018

Por su parte el capítulo mexicano de la Fundación Wikimedia alertó que las modificaciones aprobadas “criminalizan el acto de la copia” y “legalizan actos de violación a derechos fundamentales y constitucionales de difusión de las ideas, libertad de expresión, imprenta, comunicación personal, difusión e información”.

Cabe señalar que toda iniciativa o dictamen que se somete a discusión del Senado de la República debe atravesar un proceso legislativo específico, el cual, en este caso, no fue respetado.

Dicho proceso contempla que toda iniciativa debe someterse a discusión de aquellas Comisiones que estén relacionadas con el tema del proyecto, las cuales analizan y discuten los asuntos que se les turnan, para después elaborar y votar un anteproyecto. Una vez que este anteproyecto es aprobado por las Comisiones respectivas, se debe notificar al Presidente de la Mesa Directiva del Senado para que el dictamen se pueda presentar y votar en el pleno.

Usuarios que han dado seguimiento al tema denunciaron en redes sociales las irregularidades en las que incurrieron los senadores que empujaron la presentación del dictamen ante el pleno:

¿Sólo soy yo o alguien más está preocupado porque, sin pasar por comisiones, @JLozanoA impulsó el Senado una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que censura el internet? ¿Qué está pasando en México que los legisladores hacen lo que quieren sin consultar a la ciudadanía?

— Carlos Álvarez (@CarlosAlvarezMX) 27 avril 2018

@JLozanoA presentó al @senadomexicano actas sin firmas para aprobar el dictamen de modificación a la ley de propiedad intelectual.
Es una total afrenta a la democracia y una burla al Poder Legislativo pic.twitter.com/WIl1X9oABa

— Erik Gtz (@MausterChief) 27 avril 2018

Así, pareciera que los senadores empujaron por modificar el orden del día, lo cual sólo podrían haber conseguido con la anuencia del presidente de la Mesa Directiva, puesto que actualmente ocupa Ernesto Cordero, quien votó a favor de la reforma en cuestión.

El dictamen ya ha sido enviado al poder Ejecutivo, por lo que sólo resta la aprobación del presidente para que los cambios empiecen a surtir efecto.

Ante este panorama, organizaciones tales como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han manifestado su interés de impugnar el dictamen a través de un amparo para lograr, no sólo que se declare su inconstitucionalidad, sino para exigir que la reforma no surta efectos sino hasta que la Corte determine su validez. De otra manera, la impugnación podría llevar un proceso de años, periodo en el cual el derecho a la libertad de expresión de las y los usuarios de Internet se vería violentado.