Dos años después de Snowden, los gobiernos se resisten a poner fin a la vigilancia masiva

Los gobiernos deben aceptar que han perdido el debate sobre la legitimidad de la vigilancia masiva y modificar sus prácticas de supervisión de la recopilación de información de inteligencia, han manifestado Amnistía Internacional y Privacy International hoy, en un informe publicado dos años después de que Edward Snowden destapara la red de espionaje internacional de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido.

“El equilibrio de poder está empezando a cambiar –ha dicho Edward Snowden en un artículo que han publicado hoy periódicos de todo el mundo–. Con cada victoria en los tribunales, con cada cambio en la ley, demostramos que los hechos son más convincentes que el miedo.”

En el informe, Two years after Snowden: Protecting human rights in an age of mass surveillance, se advierte de que los gobiernos pretenden mantener y ampliar la vigilancia masiva, a pesar de que tribunales, parlamentos y órganos de derechos humanos han condenado la práctica por considerarla una violación de los derechos humanos. Su publicación se produce tras la aprobación esta misma semana por el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Libertad, solitario y limitado ejemplo de cancelación legislativa de poderes de vigilancia, sin precedente desde que comenzaron las revelaciones de Snowden.

“Gracias a Edward Snowden, millones de personas corrientes saben ahora que ni siquiera sus secretos más íntimos están a salvo del fisgoneo de los gobiernos –ha señalado Carly Nyst, directora de asuntos jurídicos de Privacy International–. Los organismos de expertos internacionales no lo podrían haber dicho más claro: la vigilancia masiva e indiscriminada de las comunicaciones es una violación de los derechos humanos. El juego ha terminado y ha llegado el momento de que los gobiernos modifiquen sus programas de vigilancia masiva e indiscriminada.”

"Es decepcionante que los gobiernos no hayan admitido que la vigilancia masiva viola los derechos humanos –ha afirmado Sherif Elsayed-Ali, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional–. Aunque la aprobación de la Ley de Libertad de Estados Unidos muestra que es posible reducir la vigilancia, las perspectivas de aprobación de poderes de espionaje aún más intrusivos en Francia y Reino Unido pone de manifiesto que el ansia de los gobiernos por obtener cada vez más información sobre nuestra vida privada es insaciable.”

Los gobiernos desafían a la opinión pública ampliando la vigilancia

Durante los dos últimos años, tribunales, comisiones de investigación parlamentarias y expertos en derecho y tecnología designados por gobiernos e instituciones internacionales, como el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, han condenado la vigilancia masiva por considerar que es excesiva y que constituye una violación de los derechos humanos.

En el informe se advierte de que, desafiando la condena mundial, los programas de espionaje de Reino Unido y Estados Unidos continúan envueltos en el secreto, mientras que varios gobiernos más están intentando adquirir nuevos poderes de vigilancia propios.

Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Pakistán y Suiza han sometido a debate o se disponen a presentar nuevos proyectos de ley sobre la información de inteligencia que aumentarán su capacidad para espiar las comunicaciones en sus respectivos países y fuera de ellos. Esta misma semana, el Senado francés ha sometido a votación un nuevo proyecto de ley que aumenta enormemente los poderes de vigilancia de las autoridades.

También se advierte en el informe de que los avances tecnológicos harán que la tecnología de vigilancia sea más barata y más potente y esté más extendida. Es probable que, en el futuro, la capacidad que actualmente sólo tienen las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido la puedan adquirir también en gran parte muchos otros países.

Plan de siete puntos para proteger los derechos humanos en la era digital

Amnistía Internacional y Privacy International han presentado hoy un plan de siete puntos, en el que piden a los gobiernos que apliquen sistemas de control y salvaguardia a la vigilancia, incluidos control judicial y supervisión parlamentaria adecuados.

Los grupos de derechos humanos esperan que la vigilancia de las comunicaciones se mantenga dentro de los límites del derecho internacional de los derechos humanos, para lo cual deberá reunir necesariamente las condiciones siguientes:

• ser específica, estar basada en pruebas suficientes de infracción y estar autorizada por una autoridad totalmente independiente, como un juez;
• ser supervisada por medio de procesos parlamentarios y judiciales transparentes e independientes;
• regirse por normas y políticas suficientemente detalladas y disponibles públicamente.

Los grupos de derechos humanos piden también a las poderosas empresas de telecomunicaciones e Internet que tomen aún más medidas para proteger las comunicaciones telefónicas y de Internet de los miles de millones de personas a las que prestan servicio frente a la vigilancia invasiva y los ataques delictivos. Las empresas deben invertir en nuevos y mejores sistemas de cifrado y otras tecnologías de protección de la privacidad para garantizar la seguridad y el anonimato de los datos, e informar a los usuarios en caso de que la ley les obligue a comunicar sus datos al gobierno.

“Las empresas tecnológicas debe tomar aún más medidas para proteger la privacidad y la libertad de expresión de sus usuarios online –ha señalado Sherif Elsayed-Ali–. Aunque algunas grandes empresas, como Apple y Google, han comenzado a adoptar normas de cifrado más estrictas, otras les van muy a la zaga. Las empresas tecnológicas tienen que introducir el cifrado de extremo a extremo en sus servicios por defecto, siempre que sea posible.”

“El debate sobre la legitimidad de la recopilación de comunicaciones en masa está ya cerrado: es una violación de los derechos humanos y del derecho internacional –ha añadido Carly Nyst–. Se debe poner fin a la vigilancia masiva y sustituirla por medias específicas, por las que se rindan cuentas y que respeten los derechos humanos.”