El cambio de paisaje al que nos enfrentamos con la «economía digital» es de naturaleza antropológica y sociológica, más que de orden tecnológico y económico. En realidad, nos encontramos frente a una revolución copernicana. Así pues, resulta inaceptable continuar abordándola con conceptos desgastados y términos comparativos ineficaces, puesto que es el mismo sentido de la «creación», del acceso al saber, a las culturas y a las expresiones en general el que se encuentra profundamente desmaterializado y modificado. Ahora bien, no solo no se han asumido las consecuencias de esta constatación, sino que casi todo lo que se ha elaborado en respuesta desde el punto de vista jurídico y político, también lo ha sido en la hipótesis de un cambio en principio tecnoeconómico. El resultado es, por una parte, una inadecuación crítica entre las concepciones y las costumbres sociales, y por otra, la gestión de los conflictos relacionados. De hecho, ¿quién pretende interpretar y fijar la suerte de la revolución copernicana de la que todos somos los agentes? Se trata de los grupos editoriales (literatura, música, cine, medios audiovisuales) y de comunicación, lo que se explica por los intereses financieros en juego para los grandes operadores industriales afectados y los países donde están domiciliados. Pero, ¿hemos calculado bien el impacto mortífero de una filiación al debate y una reducción de la perspectiva sobre la evolución del conocimiento y de la economía de tal envergadura? ¿Nos hemos preocupado de ver este debate privatizado por un número muy reducido de protagonistas, mientras se dejaba al margen a los artistas, intelectuales, investigadores, a los agentes educativos y sociales?
La «piratería» y la «creación»
La historia nos enseña que ante cualquier revolución importante, ya sea científica, económica o política, siempre triunfa la represión con su parafernalia de argumentos y medios, antes que inclinarse… La represión también explica qué es la «piratería» y quiénes son los «piratas»; qué es la «creación» y como debe llevarse a cabo; qué es una «copia ilegal» y qué ya no lo es. Pero el único resultado objetivo de esta privatización de la lengua es que producimos innombrables vocaciones de «piratas» orgullosos de serlo, mientras que los problemas reales subsisten y se intensifican en el hecho de no ser entendidos. La cuestión de la dominación se encuentra en el corazón de todas las evoluciones contemporáneas del paisaje de las culturas, del saber, de la información y de la comunicación. Ahora bien, resulta espectacular que sea tan poco tenida en cuenta en el «debate» mencionado. En un momento en el que la situación de los intercambios se encuentra también fuertemente modificada, descifrando unos caminos durante mucho tiempo desconocidos, ¿cómo descuidar que el comportamiento «ilegal» de algunos puede también analizarse como una impugnación por otros medios de dominación (cultural, científica, mediática) de los grandes difusores de contenidos?
Corolario de la cuestión de la dominación es aquella del compartir, la cual está sometida a una reformulación histórica. Se trata en este caso de compartir las expresiones artísticas, los conocimientos en su pluralidad y los «contenidos culturales» en sentido amplio. Respecto a esto, la referencia, aprobada por la casi totalidad de la comunidad internacional, queda la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural (2001), así como la Convención (2005), elaborada justo después y ratificada en 2007. Sin embargo, la cuestión del reparto igualitario (1) en los campos mencionados no aparece planteada ni desarrollada en ningún texto jurídico en vigor. El caso es más bien el contrario: obliga a las comunidades política, económica y científica a confrontar sus enfoques sobre ese tema y a asumir las consecuencias necesarias.
La evolución ineluctable hacia un «modelo de la gratuidad» a reinventar es otra cuestión crítica, puesto que las «soluciones» propuestas en esta etapa se caracterizan hasta el día de hoy por una caducidad inmediata y por la generación de nuevos obstáculos. En primer lugar, las medidas experimentadas, las leyes previstas se revelan obsoletas incluso antes de ponerse en marcha. Parecen condenadas a un retraso perpetuo con respecto a la sociedad, a lo técnico, a las ideas, a las costumbres. Luego, estos dispositivos tienen el efecto paradójico de perpetuar los problemas y de aplazar la búsqueda de una solución definitiva. Finalmente, ya que hacen perder el tiempo y que durante este tiempo aparecen nuevos cambios técnicos y sociales mientras las posiciones de los partidos se endurecen, resultan contraproducentes. La cuestión se convierte entonces en: ¿hay que seguir estableciendo leyes sobre la materia o bien cabe pensar que el político no tiene interés en proponer una gestión totalmente diferente?
De hecho, nos encontramos en el centro de una situación que podría considerarse cómica si no fuera por las consecuencias tan perjudiciales que tiene sobre la economía de las empresas, el futuro de la creación, las condiciones de vida de los «autores» en sentido amplio y las prácticas culturales de los ciudadanos. Esta situación es la de un nuevo secreto de Polichinela. En realidad, todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que el «modelo de la gratuidad» (una gratuidad aparente que se concretará solamente en una redistribución de los ingresos) solamente puede imponerse en los campos y los sectores implicados. La única duda que queda es la del ritmo de este cambio y de su extensión concreta. En estas condiciones, y manteniéndose a distancia de los dos escollos del consenso débil y de la parálisis, el principio de responsabilidad debería incitar a los agentes políticos encargados a una curiosidad redoblada sobre la infinidad de posibilidades en la materia, pero también a una prudencia extraordinaria, vigilancia y moderación.
Abrir el campo de la creación y de los intercambios con esta relacionados
A «nuevo mundo», nuevos conceptos y medios, pero también nuevas misiones. Entre estas misiones que la desmaterialización digital promueve, y que tanto políticos como empresas y todos los agentes de la sociedad civil han de asumir, destaca en un primer nivel la de abrir tanto como sea posible el campo de la creación y de los intercambios. De hecho, esto solamente puede multiplicar las oportunidades económicas al tiempo que incrementa el patrimonio social y cultural de la sociedad en su conjunto. Así pues, no hay que mostrarse temerosos ni pusilánimes frente a semejante proyecto, sino hacerlo todo para contribuir a su desarrollo con medidas de facilitación y de estímulo sin tener en cuenta los argumentos presupuestarios.
Corolario inseparable de la facilitación política: una educación adaptada a todas las edades y a todos los estudios universitarios que se beneficie de medios ad hoc y del apoyo incondicional de los agentes económicos y sociales. A medida que se aleja de las lógicas represivas de criminalización y de «respuesta», se ha convertido indispensable educar a cada uno según las nuevas oportunidades y límites, según los diferentes beneficios y los inconvenientes del mundo digital. Por ejemplo, si deseamos que la «piratería» cese, es decisivo que el trámite implicado resulte inútil y culturalmente criticable. Para que el adepto considere abandonarla, hace falta que sus iguales se lo echen en cara, mientras solo puede verse estimulado por una transgresión de la ley percibida como un desafío a una sociedad injusta. De hecho, el verdadero desafío en la materia es desde un principio el de una educación adecuada, capaz de situarse lo más cerca de lo nuevo real. La evolución contemporánea de la desmaterialización digital y de la economía de la creación ahonda un poco más el abismo entre la sociedad civil («agentes» y «creadores», en particular), lo político y las industrias implicadas. Pero este alejamiento es un lujo a precio social, económico y cultural considerable. Así pues, es hora de movilizar los esfuerzos y los medios de todos para contribuir a una revaluación duradera de las condiciones de acceso a las obras y al intercambio de estas, de las expresiones y contenidos culturales, científicos, informativos en estrecha coordinación con los agentes educativos e investigadores.
(1) Entre los diferentes públicos (ampliación del acceso al saber y a las obras), pero también entre los creadores y poseedores de derechos, entre países llamados «desarrollados», «emergentes» y «los menos avanzados».